Noticias AHPR
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Como se ha discutido en los medios de prensa de Puerto Rico, ayer legisladores republicanos del Congreso de los Estados Unidos de América, presentaron sendas medidas legislativas en la cámara y senado federal para atender la situación fiscal y económica del País.
Antes de expresar reacciones, debemos enmarcarlas dentro de las acciones que nuestro presidente, Lcdo. Ramón Pérez Blanco ha estado ejecutando junto a representares de la Coalición del Sector Privado, en representación de nuestra Asociación. Según informamos en nuestro portal cibernético, una delegación de la Coalición compuesta por los Directivos de la Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, nuestra Asociación de Productos de Puerto Rico y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, estuvieron en Washington visitando a Senadores y Congresistas para presentar un mensaje uniforme del sector privado sobre varios temas incluyendo alternativas para atender nuestra crisis fiscal.
Ahora bien, ante la presentación de los proyectos de ley federales, al igual que la Coalición del Sector Privado, nuestro presidente Ramón Pérez Blanco entiende que es positivo que el tema de Puerto Rico se discuta en el Congreso, y que el proyecto de ley presentado en el Senado tiene algunas cosas favorables, “como es el alivio contributivo para los empleados, y que el gobierno federal aparenta estar en disposición de dar asistencia técnica para mejorar la contabilidad, transparencia y brindarnos asesoramiento financiero”, indicó.
Por otro lado, el presidente de nuestra Asociación señaló que “contrario a la medida presentada en la Cámara, los senadores que presentaron dicha legislación en el Senado han sido claros que no quieren el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra para Puerto Rico. Sin embargo, en ese proyecto no vemos que tenga disposición alguna que provea herramientas para la restructuración de la deuda, a sabiendas que el País tiene un problema de liquidez, y pagos que vencen a principios de año. Además, provee para una Autoridad de responsabilidad fiscal y asistencia en administración, con total control sobre Puerto Rico, por lo poco que hemos leído, despojándolo de su autonomía”.
Pérez Blanco concluyó que “los proyectos de ley federales tendrían un impacto, sin precedente, en la vida de todos los ciudadanos de Puerto Rico, tanto económico, como jurídico. A nuestro juicio, en estos momentos las propuestas esbozadas por la Casa Blanca, a través del Tesoro Federal, lucen mejor pensadas, y son más exhaustivas”, expresó.
En cuanto a las vistas en la Capital Federal la semana pasada, la Coalición del Sector Privado, específicamente, solicitó a los congresistas que, 1) reformara los reembolsos de Medicare y Medicaid para el sector de salud de Puerto Rico para proveer para la paridad en los reembolsos igual a los servicios comparables prestados en otras partes de los Estados Unidos para los ciudadanos estadounidenses elegibles; 2) extendiera la misma protección de bancarrota bajo el Capítulo 9 del Código de los Estados Unidos comparables a los disponibles dentro de los 50 estados y el Distrito de Colombia; 3) estableciera una Junta Federal de Control para establecer la rendición de cuentas dentro del gobierno local y promover las reformas fiscales necesarias, respetando plenamente la autonomía de Puerto Rico; y 4) fomentara la creación de un Consejo de Desarrollo Económico con la autoridad para recomendar y supervisar la implementación de iniciativas claves que promuevan el desarrollo y la competitividad de Puerto Rico en comparación con jurisdicciones extranjeras; especialmente en las áreas clave de simplificar contribuciones, la manufactura, la innovación, los costos de energía, la reforma laboral, proceso de permisos, así como los servicios públicos básicos.
Por otro lado, se enfatizó que el Gobierno Federal debe incluir al sector privado en las deliberaciones que influyen el futuro de Puerto Rico. Específicamente, se le solicitó al Gobierno Federal que 1) incluyera a representantes del sector privado, cuando el Congreso lleva a cabo audiencias sobre temas que impactan a Puerto Rico; 2) buscara insumo de las organizaciones claves del sector privado que representan a los negocios locales, la industria manufacturera y los empleados en los debates políticos como soluciones se ensamblan a los desafíos de Puerto Rico; y 3) incluyera representantes del sector privado en cualquier junta de gobierno o mecanismo especial creado para hacer frente a la situación fiscal y económica Puerto Rico.
