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El pasado viernes, 11 de diciembre, enviaron carta al Senador Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos de América
San Juan, Puerto Rico, 15 de diciembre de 2015 – La Coalición del Sector Privado, compuesta por más de 20 organizaciones gremiales y empresariales del País dentro de las cuales está nuestra Asociación Productos de Puerto Rico, no da tregua en sus acciones para encontrar el camino a la solución del problema fiscal y económico de Puerto Rico. Entiende que cualquier esfuerzo que se realice aquí o en el Congreso federal sin incluir al sector privado en la discusión es uno incompleto e insustancial.
Por esto, luego de la visita que cinco portavoces de la Coalición realizara hace dos semanas a 12 Legisladores federales (republicanos y demócratas), el pasado viernes 11 de diciembre le enviaron una misiva al Senador Orrin G. Hatch (R-UT), presidente del Comité de Finanzas en el Senado federal, por ser uno de los senadores que la Coalición no tuvo oportunidad de reunirse, y por ser éste uno de los autores del Proyecto de Ley para la Asistencia de Puerto Rico de 2015 (“Puerto Rico Assistance Act of 2015”).
Aunque en la carta los miembros de la Coalición aplauden la iniciativa del Senador Hatch por su compromiso personal de buscar soluciones a los retos fiscales y económicos que enfrenta la Isla –y ven con gran interés la creación de una entidad federal de supervisión fiscal—expresaron su preocupación debido a que la medida propuesta no atiende la necesidad de enmendar el Código de Quiebras para proveer al Gobierno de Puerto Rico con los medios de un tribunal que pueda supervisar la restructuración de su deuda.
La Coalición enfatizó en que solicitar una extensión de la protección del Capítulo 9 de quiebra para Puerto Rico no era un rescate, sino una petición justa.
Por otro lado, aunque la Coalición entiende que una Junta o Autoridad fiscal federal es recomendable ante la situación que enfrenta el País, enfatizaron en la misiva al senador Hatch que “es muy importante que cualquier tipo de entidad federal de supervisión fiscal respete la autonomía de Puerto Rico, a través de la participación total del gobierno local en conjunto con nuestro sector privado”.
La Coalición trajo, también, a su atención el trato disparejo que reciben los ciudadanos americanos en Puerto Rico en lo que al sistema de salud se refiere bajo Medicare y Medicaid. Exigió paridad en los fondos para la salud y subrayó que la Coalición entiende que es justo pedir la paridad de atención médica dentro de los programas federales y no cree que sea correcto que se trate a algunos ciudadanos estadounidenses diferente a otros.
Simultáneamente, la Coalición, por conducto de su coordinador, el Prof. Francisco Montalvo, hizo un llamado a todos los legisladores que evalúan estas medidas, para que la versión de la Junta de Control Fiscal federal a aprobarse sea diseñada para supervisar el camino hacia una estabilidad fiscal. Pero también instaron a que esta Junta o Autoridad, debía tener una fuerte representación del sector privado de Puerto Rico.
La Coalición ve con buenos ojos el que en la referida entidad de supervisión fiscal se restrinja la participación de cualquier persona que haya rendido servicios o haya sido un empleado público en el gobierno en los pasados cinco años.
Por su parte, los portavoces de la Coalición tuvieron expresiones sobre las legislaciones, particularmente con el punto medular de la figura de una entidad de supervisión fiscal.
El presidente de la Asociación de Productos de PR, Lcdo. Ramón Pérez Blanco, favoreció la Junta de Control fiscal siempre y cuando venga atada a elementos que favorezcan al País. “Por eso me reitero en el plan del Tesoro y la Casa Blanca, que contiene unos elementos que junto al concepto de supervisión, ayudan a atender la crisis”, sentenció.
Pérez Blanco definió estos elementos como una estructura de renegociación, paridad de fondos y el crédito por ingreso de trabajo, entre otros. “Favorecer una supervisión sin nada a cambio no es lo correcto”, sentenció.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Industriales, Dr. Carlos Rivera Vélez, señaló que “desde mi perspectiva, si alguien te va ayudar y va a poner recursos importantes, de impacto, y que sí harían la diferencia ante la situación de Puerto Rico, una Junta fiscal es saludable. La misma es favorable, siempre y cuando, haya representación del sector privado de Puerto Rico, y que no sean imposiciones unilaterales que mermen el mandato del gobierno de Puerto Rico y su poder decisional”, señaló el Dr. Carlos Rivera Vélez.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Dr. José E. Vázquez Barquet expresó favorecer una Junta de supervisión federal fiscal, “ya que Puerto Rico no aguanta más. Necesitamos una Junta Federal con alcance suficientemente amplio para los asuntos fiscales, pero respetando nuestras particularidades políticas y culturales. Tienen que venir con algo en la mesa, como lo sería un proceso de reorganización de deuda, financiamiento interino y alivio en los demás puntos que llevamos a (Washington) D.C.”, indicó.
En conclusión, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, la CPA Zulmarie Urrutia Vélez, ratificó que “es imperativo que cualquier tipo de supervisión federal sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico que traiga determinada pieza legislativa, ya sea a través de una Junta o de una Autoridad, debe estar dentro de un marco jurídico que provea para una restructuración ordenada de la deuda. Una figura como esa no puede aceptarse en el abstracto, sino como parte de un quid pro quo y tiene que tener representación del sector privado puertorriqueño. En todo caso, una autoridad de supervisión con poderes absolutos no es la mejor ruta para Puerto Rico”, enfatizó.
La Coalición del Sector Privado ha sido muy vocal y proactiva ante el Congreso federal y continuará sus esfuerzos de cabildeo para asegurar que el sector privado del País sea escuchado en todo este proceso.
